Test Tema 4 — Organización territorial del Estado

El control de la actividad de los órganos de las CCAA NO se ejerce por la jurisdicción social: se ejerce por el Tribunal Constitucional (constitucional), el Gobierno (recursos), la jurisdicción contencioso-administrativa (no la social) y el Tribunal de Cuentas (económico). Art. 153 CE.

El art. 46.2.a) LRBRL establece que la celebración del pleno extraordinario solicitado no podrá demorarse más de 15 días hábiles desde la solicitud.

El art. 35 LBRL configura la Junta de Gobierno de la Diputación con un número de miembros no superior al tercio del número legal de Diputados, nombrados y separados libremente por el Presidente, a quien asiste en sus atribuciones. A diferencia de la JGL municipal (sólo necesaria en municipios >5.000 hab.), la Junta de Gobierno provincial es órgano necesario en todas las Diputaciones. La opción A confunde el régimen municipal y provincial. Las opciones C y D inventan procedimientos ajenos a la LBRL.

El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad entre las CCAA (art. 138 CE). Es función estatal velar por el equilibrio interterritorial.

La respuesta correcta es la opción D.

El art. 179.1 LOREG establece la escala del número de Concejales según la población del municipio. En municipios de hasta 100 habitantes el número es de tres; de 101 a 250, cinco; de 251 a 1.000, siete; de 1.001 a 2.000, nueve; y así sucesivamente. La opción D confunde con el régimen del concejo abierto del art. 29 LBRL, que es distinto y no se aplica automáticamente a todos los municipios pequeños.

La respuesta correcta es la opción D.

Según el art. 34 LRBRL, dirigir el gobierno y la administración de la provincia corresponde, en todo caso, al Presidente de la Diputación. Es la cúpula ejecutiva de la administración provincial.

Dos Comunidades Autónomas no pueden federarse en ningún caso (art. 145.1 CE). Es prohibición constitucional expresa para evitar la formación de bloques regionales.

El art. 149.3 in fine CE recoge la cláusula de supletoriedad: «El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas». La STC 61/1997 precisó que esta cláusula opera ex post (no permite al Estado dictar normas nuevas en materias autonómicas con la sola excusa de la supletoriedad), pero el enunciado constitucional literal es el de la opción A. La opción B invierte la regla de prevalencia. La opción C contradice la cláusula residual a favor del Estado. La opción D es excesiva.