Test Tema 1 — La Constitución española de 1978

CORRECTA c: El art. 116 CE, que regula los tres estados excepcionales, se encuentra en el Título V (relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, arts. 108-116). INCORRECTA a: el Título I regula los derechos y deberes fundamentales; el art. 55 menciona qué derechos pueden suspenderse, pero la regulación de los estados en sí está en el Título V. INCORRECTA b: aunque el Gobierno declara el estado de alarma, el Título IV (arts. 97-107) regula la composición y funciones del Gobierno, no los estados excepcionales. INCORRECTA d: el Título VI (arts. 117-127) regula el Poder Judicial; no contiene referencia alguna a los estados excepcionales.

Art. 71.1 CE: los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. La a confunde inviolabilidad con inmunidad (cualquier delito requiere suplicatorio, art. 71.2); la b inventa un criterio espacial; la d extiende la garantía a un periodo no cubierto por el precepto.

Art. 7 CE: los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. No incluye fundaciones.

CORRECTA (la incorrecta) C: El art. 3 CE solo impone el deber de conocer el castellano, no las demás lenguas cooficiales; respecto a éstas solo reconoce el derecho de usarlas. INCORRECTA A: Afirmación verdadera; el art. 5 CE establece textualmente que la capital es la villa de Madrid. INCORRECTA B: Afirmación verdadera; el art. 8 CE nombra esas tres instituciones como integrantes de las Fuerzas Armadas. INCORRECTA D: Afirmación verdadera; el art. 6 CE exige expresamente estructura y funcionamiento democráticos a los partidos políticos.

El 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue ratificada en referéndum por el pueblo español. Aprobada por las Cortes el 31 de octubre, sancionada por el Rey el 27 de diciembre, publicada en el BOE y entrada en vigor el 29 de diciembre.

CORRECTA c: El art. 86.2 CE fija un plazo de 30 días para que el Congreso se pronuncie sobre la convalidación o derogación del decreto-ley. INCORRECTA a: 15 días es el plazo del art. 91 CE para que el Rey sancione las leyes, no el del decreto-ley. INCORRECTA b: 20 días naturales es la vacatio legis general del art. 2.1 del Código Civil, sin relación con este trámite. INCORRECTA d: 48 horas es el intervalo entre la primera y la segunda votación de investidura del Presidente del Gobierno (art. 99.3 CE), no un plazo del decreto-ley.

El art. 81.2 CE exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto de ley orgánica. DISTRACTOR A: la mayoría de tres quintos se exige, entre otros casos, para la reforma constitucional ordinaria (art. 167), no para las LO. DISTRACTOR C: no se exige mayoría absoluta en ambas Cámaras; sólo en el Congreso. DISTRACTOR D: la mayoría de dos tercios se asocia a la reforma agravada del art. 168, no a la aprobación de leyes orgánicas.

Art. 168.2 y 168.3 CE: las Cortes elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras; aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación. La a y la c rebajan la mayoría exigida; la d omite la votación parlamentaria preceptiva.

CORRECTA C: El art. 53.3 CE establece que los principios del Capítulo III solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen; carecen de eficacia directa plena. INCORRECTA A: Precisamente lo contrario; los principios rectores no son derechos subjetivos directamente exigibles, sino mandatos al legislador que requieren desarrollo normativo. INCORRECTA B: El amparo ante el TC está reservado exclusivamente al art. 14 y a la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29), nunca al Capítulo III. INCORRECTA D: La reserva de ley orgánica (art. 81 CE) corresponde a los derechos fundamentales de la Sección 1ª del Capítulo II, no a los principios rectores del Capítulo III.

Art. 17.2 CE: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.