Test Tema 3 — Procedimientos penales en la LECrim

Art. 2 LO 5/1995 literal: el Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados titulares y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo presidirá, asistiendo además DOS jurados suplentes a los que les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 6 y 7. La cifra de dos suplentes es taxativa.

Art. 4.4 LO 5/1995: el jurado, cuando considere que la pena, aun siendo conforme a Derecho, resulta excesivamente rigurosa por las circunstancias del caso, puede PROPONER al Gobierno la concesión de un indulto particular. La decisión es discrecional del Gobierno conforme a la Ley de Indulto de 1870. El jurado no concede el indulto, solo lo propone.

Art. 779.1 LECrim contempla CUATRO alternativas: (1.ª) sobreseimiento, (2.ª) delito leve y remisión, (3.ª) inhibición a otro órgano, (4.ª) seguir el procedimiento abreviado con apertura de plazo a las acusaciones. La condena directa sin juicio oral NO es alternativa del art. 779: la conformidad y la sentencia inmediata pertenecen a fases posteriores (arts. 787 y 801).

Las funciones específicas del Auxilio Judicial en el procedimiento del jurado son operativas: citación de candidatos a jurado, asistencia material al Magistrado-Presidente en la constitución del Tribunal, custodia de las urnas y papeletas, y aseguramiento de la incomunicación del jurado durante la deliberación (art. 56 LO 5/1995, que prohíbe el acceso de terceros a la sala de deliberación). Las opciones A, B y D son funciones del Magistrado-Presidente o del propio jurado.

El art. 1.2 LO 5/1995 enumera taxativamente los delitos atribuidos al jurado: homicidio, amenazas condicionales, omisión deber de socorro, ALLANAMIENTO de morada, infidelidad custodia documentos, COHECHO, tráfico de influencias, MALVERSACIÓN, fraudes y exacciones, negociaciones prohibidas y infidelidad custodia presos. El robo en casa habitada (art. 241 CP) NO está incluido aunque concurra el elemento del allanamiento, porque el tipo predominante es el robo. Trampa frecuente.

Art. 14.3 LECrim: el Juzgado de lo Penal enjuicia los delitos castigados con pena de prisión hasta CINCO años o multa cualquiera que sea su cuantía o cualesquiera otras de distinta naturaleza no superior a diez años. Por encima de 5 años de prisión y hasta 9 años (límite del abreviado), enjuicia la AUDIENCIA PROVINCIAL. Una pena de 6 años queda, por tanto, en competencia de la AP.

Arts. 849-851 LECrim: la casación penal se articula por MOTIVOS TASADOS (infracción de ley sustantiva o procesal, error de hecho en valoración de prueba documental, quebrantamiento de forma). El TS no es una segunda instancia ordinaria que revalúa la prueba: controla la corrección jurídica de la sentencia. La verdadera segunda instancia (revisión fáctica) la introdujo la LO 41/2015 mediante la apelación generalizada ante AP/TSJ. Plazos: 5 días para preparar (art. 855), 30 días para formalizar (art. 873).

La PRUEBA PRECONSTITUIDA es la que se practica en fase de instrucción anticipándose por la naturaleza irrepetible del acto (autopsia, declaración de menor víctima de delito sexual, dictamen ADN, etc.). Para tener valor probatorio en juicio se exige garantía de contradicción y documentación adecuada (cámara Gesell o medio audiovisual). La prueba ANTICIPADA, en cambio, es la practicada anticipadamente con previsibilidad de imposibilidad futura (testigo enfermo, residente extranjero), con todas las formalidades del juicio. La LO 8/2021 generaliza la preconstitución para menores.

La LO 1/2025 es una reforma ORGANIZATIVA: los antiguos Juzgados de Instrucción pasan a denominarse Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, y los Juzgados de lo Penal pasan a Sección de lo Penal, manteniendo íntegras sus competencias materiales. Los plazos (12 meses art. 324, 72 horas detención, 10-10-5-10 abreviado), fases (instrucción, intermedia, juicio oral) y recursos siguen rigiéndose por la LECrim sin modificación.

La LO 1/2025 introduce el art. 988 bis LECrim para ordenar la fase de ejecución penal, históricamente desatendida por la LECrim de 1882, y centralizar las tramitaciones y resoluciones que se producen tras la firmeza de la sentencia, evitando dispersión. Se enmarca en el bloque de reformas de eficiencia procesal de la LO 1/2025.