Test Tema 4 — Organización territorial del Estado

El art. 150.1 CE permite a las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, atribuir a las CCAA la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal; en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes sobre las normas autonómicas, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales. La opción A invierte el supuesto (es materia estatal). La opción C confunde con el art. 150.3 (armonización). La opción D introduce una restricción inexistente.

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (Ley 19/1994, en relación con el art. 138.1 in fine CE y el art. 349 TFUE como Región Ultraperiférica) sustituye el IVA por el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que grava el consumo a tipos generalmente inferiores a los del IVA peninsular. El IPSI es el impuesto análogo de Ceuta y Melilla. Las opciones C y D inventan figuras tributarias inexistentes con esa denominación.

La respuesta correcta es la opción C.

La respuesta correcta es la opción B.

El País Vasco tiene tres Territorios Históricos (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa), cada uno con su Diputación Foral y su Junta General. Estas instituciones aprueban Normas Forales con rango de ley en materia tributaria, en virtud del Concierto Económico (Ley 12/2002), al amparo de la DA 1.ª CE. La opción A incluye erróneamente a Navarra, cuya organización es distinta (Comunidad Foral con Gobierno propio y Convenio Económico). Las opciones C y D niegan rasgos centrales del régimen foral.

El art. 179.1 LOREG establece la escala del número de Concejales según la población del municipio. En municipios de hasta 100 habitantes el número es de tres; de 101 a 250, cinco; de 251 a 1.000, siete; de 1.001 a 2.000, nueve; y así sucesivamente. La opción D confunde con el régimen del concejo abierto del art. 29 LBRL, que es distinto y no se aplica automáticamente a todos los municipios pequeños.

La respuesta correcta es la opción A.

El art. 139.2 CE protege la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional. Es la base de la unidad de mercado y del principio de no discriminación territorial: ninguna autoridad —estatal, autonómica o local— puede levantar barreras económicas internas. Las demás opciones se refieren a derechos protegidos en otros preceptos constitucionales, no en el art. 139.2.

El art. 7.4 LBRL (redacción tras la LRSAL 2013) condiciona el ejercicio de las llamadas competencias «impropias» a tres requisitos: no haber duplicidad con competencias de otras Administraciones, no poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda local en su conjunto, y disponer de informes previos vinculantes de la Administración competente por razón de la materia y de la titular de la tutela financiera. Es una de las novedades centrales de la LRSAL.

Ceuta y Melilla tienen un régimen económico y fiscal especial (Ley 8/1991 y normativa anterior) en el que el IVA es sustituido por el IPSI, gravamen propio sobre la producción, los servicios y la importación. El IGIC es el impuesto canario, no de las Ciudades Autónomas. Las opciones A y D no se corresponden con la realidad jurídico-fiscal de Ceuta y Melilla.