Test Tema 4 — Organización territorial del Estado

La respuesta correcta es la opción C.

La respuesta correcta es la opción C.

La respuesta correcta es la opción C.

El art. 139.2 CE protege la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional. Es la base de la unidad de mercado y del principio de no discriminación territorial: ninguna autoridad —estatal, autonómica o local— puede levantar barreras económicas internas. Las demás opciones se refieren a derechos protegidos en otros preceptos constitucionales, no en el art. 139.2.

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (Ley 19/1994, en relación con el art. 138.1 in fine CE y el art. 349 TFUE como Región Ultraperiférica) sustituye el IVA por el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que grava el consumo a tipos generalmente inferiores a los del IVA peninsular. El IPSI es el impuesto análogo de Ceuta y Melilla. Las opciones C y D inventan figuras tributarias inexistentes con esa denominación.

El art. 197 LOREG configura la moción de censura municipal como constructiva: requiere iniciativa de la mayoría absoluta del número legal de Concejales, debe incluir un candidato a la Alcaldía y para prosperar exige el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de Concejales. Cada Concejal sólo puede firmar una moción durante el mandato y no puede presentarse en los seis meses anteriores a la finalización del mandato ni a unas elecciones generales. Las demás opciones rebajan o falsean los requisitos.

El art. 150.1 CE permite a las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, atribuir a las CCAA la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal; en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes sobre las normas autonómicas, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales. La opción A invierte el supuesto (es materia estatal). La opción C confunde con el art. 150.3 (armonización). La opción D introduce una restricción inexistente.

La respuesta correcta es la opción D.

El art. 7.4 LBRL (redacción tras la LRSAL 2013) condiciona el ejercicio de las llamadas competencias «impropias» a tres requisitos: no haber duplicidad con competencias de otras Administraciones, no poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda local en su conjunto, y disponer de informes previos vinculantes de la Administración competente por razón de la materia y de la titular de la tutela financiera. Es una de las novedades centrales de la LRSAL.

El art. 150.3 CE atribuye a las Cortes Generales la apreciación de la necesidad armonizadora «por mayoría absoluta de cada Cámara». La STC 76/1983 (caso LOAPA) precisó además que la armonización es residual: sólo cabe cuando el legislador estatal carece de otro título competencial. La opción A rebaja la mayoría exigida. La opción B introduce un trámite no previsto. La opción D contradice la propia naturaleza de la ley armonizadora.