Test Tema 6 — El Poder Judicial y el CGPJ

Conforme a los arts. 13 y 18 EOMF, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo es el sustituto natural del FGE: «número dos» del Ministerio Fiscal, designado por el propio FGE entre los Fiscales de Sala del TS. Asume las funciones del FGE en ausencia, vacante o enfermedad. No confundir con el Inspector Fiscal Jefe (jefe de la Inspección Fiscal) ni con los Fiscales Superiores autonómicos, que tienen ámbito territorial.

El art. 44.2 LOTC (Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional) fija en 30 días el plazo para interponer recurso de amparo desde la notificación de la resolución que pone fin al proceso judicial previo. Es requisito agotar la vía judicial (Sala 3.ª TS contra acuerdos del CGPJ) y alegar vulneración de derecho fundamental susceptible de amparo (arts. 14-30 CE).

Los arts. 433-434 LOPJ y los planes docentes del CGPJ fijan la duración total del curso de formación inicial en la Escuela Judicial de Barcelona en dos años: una primera fase teórico-práctica en la propia Escuela y una segunda fase de tutela en órgano judicial real bajo supervisión de un magistrado-tutor. Solo se reducen los plazos para los aspirantes del cuarto turno (juristas con 10+ años), que cursan 6 meses como Magistrados (art. 301 LOPJ).

La LO 1/2025 (BOE-A-2025-145) reorganiza la planta judicial sustituyendo los Juzgados unipersonales (1.ª Instancia, Instrucción, Familia, Mercantil, Vigilancia Penitenciaria, Cont-Adm, Social) por Tribunales de Instancia, uno por partido judicial, organizados en Secciones especializadas (Civil, Penal, Familia/Infancia/Capacidad, Mercantil, Violencia sobre la Mujer, etc.). La implantación es escalonada por Real Decreto hasta 2027. Los Juzgados de Paz pasan a ser Oficinas de Justicia en los Municipios.

El art. 561 LOPJ establece un plazo ordinario de 30 días para que el CGPJ emita el informe preceptivo sobre los anteproyectos de ley que afecten al Poder Judicial, al estatuto de jueces y magistrados, al personal al servicio de la Admón. de Justicia o a las leyes procesales. El Presidente puede ampliarlo hasta 60 días por la complejidad de la materia. El informe es preceptivo pero no vinculante (STC 108/1986).

El art. 27 EOMF articula el derecho de objeción del Fiscal frente a instrucciones que considere ilegales: (1) hacerlo saber al superior mediante informe razonado; (2) si el superior insiste, plantear la cuestión ante la Junta de Fiscales correspondiente; (3) si la Junta confirma la instrucción, podrá pedir su sustitución por otro Fiscal en ese asunto. Es la principal garantía interna del principio de legalidad frente a la dependencia jerárquica.

El art. 124.1 CE atribuye al MF promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar la satisfacción del interés social. La dirección de la Policía Judicial corresponde, en función investigadora, al Juez o al Ministerio Fiscal según la fase, pero no figura como misión constitucional propia del 124.1 CE: el art. 126 CE atribuye la dependencia funcional de la PJ a Jueces, Tribunales y MF.

Tras la LO 4/2013 (art. 601 LOPJ), la Comisión Permanente la integran el Presidente del CGPJ y 6 vocales (4 del turno judicial y 2 del turno jurista), 7 miembros en total. Es el órgano ejecutivo del día a día del Consejo, se reúne semanalmente y absorbe la mayoría de funciones operativas que antes correspondían al Pleno. La opción a) describe al Pleno; la d) confunde Pleno y Comisión Permanente.

El art. 31 EOMF enumera las causas tasadas de cese del FGE: renuncia, incompatibilidad sobrevenida, incumplimiento grave o reiterado, condena por delito doloso, incapacidad o enfermedad sobrevenida y cese del Gobierno que lo propuso. La «pérdida de confianza» política no figura entre ellas: el FGE goza de mandato de 4 años precisamente para evitar el cese discrecional. La STC 17/2021 exigió causa formal motivada y notificación, no automatismo.

El art. 159.1 CE establece que los 12 magistrados del TC se distribuyen así: 4 a propuesta del Congreso (por 3/5), 4 a propuesta del Senado (por 3/5 entre candidatos presentados por las Asambleas autonómicas), 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del CGPJ (por 3/5 del Pleno, art. 599 LOPJ). El CGPJ propone 2, no 4. Mnemotecnia: 4-4-2-2.