Test Tema 6 — El Poder Judicial y el CGPJ

El art. 117.6 CE establece literalmente: «Se prohíben los Tribunales de excepción». Es una prohibición absoluta, sin matices, que se proyecta como garantía del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Opciones a, c y d son falsas: ni la seguridad del Estado, ni una ley orgánica, ni un estado excepcional pueden justificar su creación. La jurisdicción militar (117.5) no es Tribunal de excepción, sino jurisdicción especializada permanente.

La LO 1/2025 (BOE-A-2025-145) reorganiza la planta judicial sustituyendo los Juzgados unipersonales (1.ª Instancia, Instrucción, Familia, Mercantil, Vigilancia Penitenciaria, Cont-Adm, Social) por Tribunales de Instancia, uno por partido judicial, organizados en Secciones especializadas (Civil, Penal, Familia/Infancia/Capacidad, Mercantil, Violencia sobre la Mujer, etc.). La implantación es escalonada por Real Decreto hasta 2027. Los Juzgados de Paz pasan a ser Oficinas de Justicia en los Municipios.

El art. 293.1.a) LOPJ fija un plazo de tres meses desde el día en que pudo ejercitarse la acción para presentar la reclamación previa de declaración de error judicial ante la Sala correspondiente del TS. Es un plazo de caducidad. No confundir con el plazo de un año para reclamar la indemnización al Ministerio de Justicia tras la declaración del error (art. 293.2 LOPJ y art. 142 LRJSP).

El art. 22.3 EOMF (introducido por la LO 24/2007) crea la figura del Fiscal Superior de la CCAA, nombrado por el FGE oído el Consejo Fiscal, con funciones de representación del MF en el ámbito autonómico, dirección de las Fiscalías Provinciales del territorio y comparecencia ante el TSJ. Las CCAA no tienen competencia para designar fiscales: el MF es de organización estatal y jerárquica.

El art. 27 EOMF articula el derecho de objeción del Fiscal frente a instrucciones que considere ilegales: (1) hacerlo saber al superior mediante informe razonado; (2) si el superior insiste, plantear la cuestión ante la Junta de Fiscales correspondiente; (3) si la Junta confirma la instrucción, podrá pedir su sustitución por otro Fiscal en ese asunto. Es la principal garantía interna del principio de legalidad frente a la dependencia jerárquica.

Los arts. 433-434 LOPJ y los planes docentes del CGPJ fijan la duración total del curso de formación inicial en la Escuela Judicial de Barcelona en dos años: una primera fase teórico-práctica en la propia Escuela y una segunda fase de tutela en órgano judicial real bajo supervisión de un magistrado-tutor. Solo se reducen los plazos para los aspirantes del cuarto turno (juristas con 10+ años), que cursan 6 meses como Magistrados (art. 301 LOPJ).

El art. 19.4 LOPJ reconoce expresamente como tribunales consuetudinarios y tradicionales el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. Son tribunales de origen medieval, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (2009), que resuelven conflictos hídricos. No son excepción al art. 117.5 CE (la unidad jurisdiccional admite solo la jurisdicción militar), sino tribunales reconocidos por ley.

El art. 12.1.a) LJCA atribuye a la Sala 3.ª del TS el conocimiento en única instancia de los recursos contra los actos y disposiciones del CGPJ. Sus acuerdos son administrativos —no jurisdiccionales—. Posteriormente, agotada la vía judicial, cabe recurso de amparo ante el TC en plazo de 30 días si se vulnera un derecho fundamental. La Audiencia Nacional y los TSJ no tienen competencia para enjuiciar al CGPJ.

El art. 31 EOMF enumera las causas tasadas de cese del FGE: renuncia, incompatibilidad sobrevenida, incumplimiento grave o reiterado, condena por delito doloso, incapacidad o enfermedad sobrevenida y cese del Gobierno que lo propuso. La «pérdida de confianza» política no figura entre ellas: el FGE goza de mandato de 4 años precisamente para evitar el cese discrecional. La STC 17/2021 exigió causa formal motivada y notificación, no automatismo.

El art. 124.1 CE atribuye al MF promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar la satisfacción del interés social. La dirección de la Policía Judicial corresponde, en función investigadora, al Juez o al Ministerio Fiscal según la fase, pero no figura como misión constitucional propia del 124.1 CE: el art. 126 CE atribuye la dependencia funcional de la PJ a Jueces, Tribunales y MF.