Tema 19 - Introducción: la jurisdicción contencioso-administrativa
Procedimientos contencioso-administrativos: ordinario, abreviado y especiales
Si el opositor de Auxilio Judicial tuviera que apostar a qué tema le va a caer en el ejercicio práctico, este sería un buen candidato. La jurisdicción contencioso-administrativa es, junto con la civil, la que más papel mueve en una oficina judicial española: cada multa de tráfico recurrida, cada sanción urbanística, cada reclamación de personal funcionario, cada expulsión de extranjería, cada licitación pública impugnada termina aquí. El cuerpo opera materialmente en estos procesos: notifica al recurrente, traslada el expediente, cita a vista, ejecuta sentencias firmes contra la Administración. Un Auxilio que no domine los plazos del procedimiento ordinario y la frontera del abreviado va a remar en falso desde el primer mes.
El motivo por el que el examinador se ceba con este tema es además didáctico: la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) combina técnica procesal limpia con un puñado de cifras y plazos memorizables que se prestan a preguntas de plantilla. Dos meses para interponer el recurso, veinte días para la demanda, veinte días para la contestación, treinta días de prueba, diez días para sentencia, 30.000 euros como frontera entre ordinario y abreviado, 60.000 euros y 30.050 euros como umbrales de competencia objetiva. Quien se aprende esa decena de números coloca, sin más, cuatro o cinco aciertos
1. Ámbito, órganos y competencia
Antes de entrar en cómo se tramita un recurso contencioso-administrativo, hay que entender contra qué se interpone y ante quién. La LJCA dedica los arts. 1 a 13 a delimitar el ámbito objetivo (materia que controla la jurisdicción), los órganos que la integran y la distribución de competencias por razón del territorio, la materia y la cuantía. Es el bloque más teórico del tema y, paradójicamente, el más rentable: el examen pregunta plazos en el ordinario, pero pregunta competencia y materia en proporción 1:1. Sin saber qué es un Juzgado CA y un TSJ, el resto del tema flota en el aire.
1.1. El concepto de jurisdicción contencioso-administrativa
La jurisdicción contencioso-administrativa es, en palabras del art. 106.1 CE, el orden judicial al que corresponde el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Se trata, técnicamente, de un orden jurisdiccional especializado dentro del Poder Judicial único: no es una administración paralela, ni un tribunal arbitral, ni un órgano consultivo. Son jueces y magistrados de carrera, integrados en la Carrera Judicial regulada por la LOPJ, que conocen exclusivamente de pleitos en los que una de las partes es la Administración pública o un sujeto que actúa con prerrogativas administrativas.
Orden jurisdiccional integrado en el Poder Judicial al que corresponde, con sometimie